Este
es el segundo caso que airea la
CorteIDH en la ciudad colombiana de Medellín, donde el lunes
comenzaron una serie de sesiones extraordinarias de este tribunal supranacional
con el caso del cese de ocho magistrados ecuatorianos, y del que también se
conocerá el fallo de la Corte
después del esa fecha.
"Cuando
la Corte haya
recibido los alegatos escritos y las observaciones por parte de la Comisión , que deben
presentarse el 19 de abril, ya estará en condiciones de tomar una decisión sobre
el fondo de este asunto, en el curso de este año", afirmó el presidente de
la Corte , Diego
García-Sayán, al término de la sesión.
El
caso se remonta a 2001, cuando la familia Pachecho Tineo, (formada por dos
adultos y tres niños) fue expulsada de Bolivia a su país de origen, Perú, como
consecuencia del rechazo de la solicitud de reconocimiento del estatuto de
refugiados políticos.
Tras
escuchar ayer las preguntas de los representantes de las supuestas víctimas y
los del Estado, hoy ambas partes presentaron sus alegaciones orales.
Los
representantes de la familia defendieron ante el tribunal que el Estado habría
violado el derecho de buscar y recibir asilo, el derecho a las garantías judiciales
y de protección judicial y el derecho a la integridad personal, al denunciar
malos tratos por parte de funcionarios bolivianos.
Por
su parte, una de las representantes del Estado, Juana Costa, alegó que "no
procedía (por parte de Bolivia) el inicio de un proceso formal de
reconocimiento" de refugio ya que "no existió realmente una solicitud
de refugio en el 2001".
Y
pidió a la CorteIDH
que declare, en su sentencia, "que no ha existido ninguna violación a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos".
