La directora del Instituto de Terapia e
Investigación de las Secuelas sobre la
Tortura y la
Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo Cladera, cuestionó la versión de la
ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, quien declaró la víspera que los
problemas de la justicia en Bolivia se deben a la “herencia colonial”. Bravo indicó
que se trata de un pretexto para encubrir la inoperancia del gobierno.
“Poner
como pretexto que eso es herencia de otros gobiernos significa que no vamos a poder
cambiar nada, o que las herencias se van a respetar, o son simplemente
inoperantes frente a esas herencias tan nefastas de otros gobiernos”, manifestó
Bravo Cladera.
La Ministra dijo a una
agencia internacional de noticias: "Estamos arrastrando una herencia de
más de 178 años de una cultura jurídica colonial, republicana, que no ha
permitido un avance significativo en el tratamiento judicial en Bolivia".
Ayllón respondió así al ser
preguntada respecto al informe anual sobre Bolivia de la alta comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien en el documento, presentado
en marzo pasado, mostró preocupación por la persistencia de la "seria
crisis" en el sistema judicial boliviano pese a las reformas promovidas
por el Gobierno de Evo Morales.
La
directora del ITEI remarcó que lo que se espera de un nuevo gobierno no es
solamente un cambio en el Órgano Ejecutivo, sino que las reformas lleguen
también al Órgano Judicial de una manera importante.
Criticó
también que bajo el discurso de “independencia de poderes” entre Legislativo y
Ejecutivo, como manifiesta usualmente el gobierno, “no se pueda hacer nada” ante
la retardación de justicia, que amenaza con dejar en la impunidad incontables casos
judiciales como Olorio, Caravavi, Chaparina, Poma, Sucre, entre otros menos visibles.
“Estamos no sólo ante una
falta de voluntad política, sino ante una inoperancia y casi una resignación, como
son poderes independientes ¿no podemos hacer nada? Me cuesta creer. Yo no creo
que acá la justicia sea tan independiente”, apuntó.
La
activista indicó que el sistema judicial en Bolivia tiene su forma de
funcionamiento en torno a la corrupción que se ha vuelto algo muy cotidiano. Objetó
además la gran cantidad de leyes aprobadas en defensa de los ciudadanos que
hasta el momento no tienen una aplicación práctica.
“La
corrupción está en toda la esfera y no sólo en la parte judicial, y esa es una de
las cuestiones que impide que en Bolivia se haga justicia y por eso se perpetua
la impunidad. Por otra parte cuando se promulga una ley uno siempre piensa que
es una medida de defensa que el ciudadano puede hacer uso en un determinado
momento, pero lo que vemos con esta falta de justicia y en esta inoperancia de
la justicia es que las leyes aquí se vuelven letra muerta”, puntualizó.