Los
siete jueces de este tribunal, que depende de la Organización de
Estados Americanos (OEA), escucharon hoy a las supuestas víctimas, la pareja
formada por Rumaldo Juan Pacheco y su esposa Fredesvinda Tineo.
Preguntados
por sus representantes y por los del Estado boliviano, la pareja relató que
abandonó Perú en 1991 y se mudó al país vecino, donde al cabo de diez años
fueron de nuevo trasladados a Lima.
La
pareja expresó su malestar por el trato que les dieron los servicios de migración
bolivianos e incluso se quejó de que durante el trámite de rechazo del estatus
de refugiados no les garantizaran la protección judicial y humanitaria a sus
tres hijos menores.
Pacheco
explicó que un incidente jurídico con el Gobierno del entonces presidente
peruano Alberto Fujimori derivó en una orden de captura en su contra.
"Por
esta situación en 1991 ingresé a Bolivia, con algunos documentos y solicité
refugio, y fuimos admitidos en 1996, pero nunca se nos hizo entrega de esa
resolución. Desde que ingresamos a Bolivia no tuvimos ningún apoyo, siempre nos
sentimos como encarcelados pero en una gran ciudad", relató Pacheco.
Y
agregó: "ante condiciones precarias y hostiles que tuvimos que vivir con
mi familia decidimos abandonar el país, y la única salida era renunciar de
forma voluntaria a ese refugio que nos habían dado".
Pacheco
también aseguró que no podía volver a Perú porque la orden de captura seguía en
pie, por lo que se desplazaron a Chile donde fueron recibidos de la mejor
manera, e incluso en donde nació su último hijo.
Tras
las insistentes acusaciones de la familia sobre los malos tratos recibidos por
Juan Carlos Molina, un funcionario del servicio de Migración de Bolivia, los
representantes preguntaron a este trabajador, quien negó la versión de los
peruanos.
Molina
manifestó que nunca los maltrató, aunque confirmó que fueron expulsados porque
entraron como ilegales a su país.
"Las
circunstancias de la expulsión de los esposos Pacheco se dio porque se
encontraban en territorio nacional de forma ilegal, y porque habrían ingresado
a Bolivia sin controles migratorios en Perú y Bolivia", comentó Molina.
Molina
agregó que "por normas internas las personas irregulares o ilegales son
devueltas al país por donde habían ingresado".
Tras
escuchar las preguntas de los representantes de las supuestas víctimas y los
del Estado la CorteIDH
confirmó que en la mañana de este miércoles se escucharán los alegatos
respectivos de parte y parte, para luego emitir una sentencia final. (Tomado de terra.com)
