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| Represión a los indígenas de la VIII Marcha en defensa del Tipnis |
Texto: Fernando Cantoral
La
directora del Instituto de Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal
“No
hay voluntad política del gobierno de resolver estos casos, si ellos hubieran querido
hacer justicia hace mucho rato se hubiera hecho justicia, en todos los juicios
que están pendientes, que están en la impunidad”, sostuvo Bravo.
Manifestó
que a excepción del caso de la masacre de octubre de 2003, donde se inició y
llevó a cabo un juicio, “en todos los demás hasta ahora no hay un seguimiento y
enjuiciamiento de los casos de tortura”.
La
tortura consiste en causar de forma intencional un grave dolor físico o
psicológico a alguien para intentar quebrar su resistencia física y moral despojándolo de su integridad. La finalidad
suele ser obtener una confesión o funcionar como castigo al torturado.
La normativa no avanza
La
experta señaló que una propuesta de proyecto de ley presentada ante la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara
de Diputados en 2010 “está durmiendo el sueño de los justos” por la falta de
interés de las autoridades. El comentario lo confirmó el presidente de dicha
Comisión, Ever Moya quien dijo que “el documento fue archivado”.
Bravo
refirió, además, que la carta dirigida al presidente Evo Morales en junio de
2011, donde se le plantea la necesidad de contar con una Ley Contra la Tortura , hasta ahora no
tiene respuesta porque eso significaría confrontar al gobierno con las Fuerzas
Armadas y la Policía ,
que son “instituciones que torturan”.
“Una
vez más vemos que no hay voluntad política del gobierno porque una Ley Contra la Tortura toca al Ejército y
a la Policía
que son las dos instancias gubernamentales que han torturado y torturan en este
país, entonces el gobierno no quiere tener problemas. Con los militares el gobierno
tiene una política de no tocarlos y con la Policía también”, apuntó.
De
acuerdo a los datos obtenidos por la institución, “todas las denuncias de
tortura son provenientes de la
FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) en el
momento de la detención”. Denunció que ese acto cruel y degradante se realiza “con
el acuerdo y presencia del fiscal”.
“Hace poco hemos recibido el caso de un muchacho y
de su madre que han sido torturados por orden de un fiscal, y menos mal que han
tenido el coraje de denunciar”, dijo. Estimó que los casos de tortura en el
país se dan a razón de dos por mes, esto sin contar los que no se denuncian por
temor o vergüenza.
La
funcionaria cuestionó que el accionar de la policía en todo el tiempo del
“proceso de cambio” no varió. “Lo que este gobierno tenía que haber hecho es
comenzar a fijarse una política para cambiar una serie de métodos y la mentalidad
en la policía”, manifestó.
“La
policía sigue utilizando la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes
como método de investigación e intimidación”, apuntó.
Dijo
que esta vulneración a los derechos fundamentales de las personas se da porque en
la institución del orden “no hay acceso a métodos más científicos de
investigación y la tortura es el método más fácil para hacer hablar a la gente”.
Ineficiencia
y otras formas de daño
La
funcionaria indicó que en varios casos que fueron atendidos por la institución
que dirige se evidenció tortura en la detención de personas que “nada tuvieron que
ver” con el ilícito denunciado y que se quedaron por más de un año y medio sin
ser juzgados. “Sin saber por qué los han detenido, sin recibir pruebas”,
aseveró.
“Una
forma de encubrir la ineficiencia de policías y fiscales es detener si o si a personas
que en general son de origen pobre y que no se pueden defender, no pueden tener
un abogado que se ocupe del caso y que se ven en su honor y en su honra
destrozados”, señaló.
Agregó
que esta situación no solamente se refiere al tema de la tortura corporal, sino
que “exponer a alguien que no ha tenido que ver nunca con la Justicia , a la vergüenza
publica, al estar en la cárcel, son formas de violencia de Estado que se están
repitiendo”.
Entre
los casos emblemáticos de tortura no resueltos por la Justicia están el caso
Olorio, donde “un conocido delincuente fue torturado a muerte por la policía y hasta
ahora no hay una sentencia a los responsables”. El caso Caranavi con la muerte
de dos jóvenes por la intervención policial.
“Otro
caso que sigue pendiente y se posterga y causa mucho dolor a los afectados es el
ocurrido en Sucre el 24 de mayo de 2008 –donde no participó la policía-. Las
víctimas hasta ahora piden justicia y los obstáculos que se ponen para que no
se realice ese juicio son tremendos. El año pasado han tenido que comenzar de
cero porque un juez se retiró, se ha tenido que reconstituir el Tribunal de
Juicio y la situación quedó en condiciones pésimas”, sostuvo.
Tortura
en el Ejército
La
activista citó el caso del subteniente Gróver Poma quien, según el informe
forense, murió tras recibir una “brutal golpiza” en la Escuela de Cóndores de
Bolivia en Sanandita, en febrero de 2011 y hasta ahora “no se habla más del
caso”.
A
este episodio se suma la reciente muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto,
también en Sanandita, después de un ejercicio de “resistencia física”, según la
versión oficial. Los familiares del fallecido denunciaron que el cuerpo
presentaba “hematomas” y que “uno de sus testículos parecía reventado”.
La Paz, 23 marzo 2013
