sábado, 25 de octubre de 2014

Jurista asegura que el sistema de justicia es violento con las víctimas

Foto: Internet.
La asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Susana Inch, manifestó hoy, a título personal, que el sistema judicial del país es violento con aquellos que  buscan justicia. Señaló que esta situación se agrava más cuando se trata de hechos de violencia contra las mujeres.



“Se invita a las mujeres a denunciar la violencia, pero si uno se pone a analizar qué viene después de la denuncia entiende que es someterse a más hechos de violencia, por parte del sistema, ya no solamente por parte de un agresor,  con resultados absolutamente inciertos”, manifestó la jurista.

Inch dijo que la población, y en particular las víctimas, enfrentan un sistema de justicia “terriblemente frágil”, en el que “la corrupción es una realidad que se vive todos los días” y en el que además “no hay suficientes mecanismos para hacer cumplir una normativa”, que por muy bien hecha que esté “en la práctica real no se cumple”.

“La ley de violencia contra la mujer y el reglamento es un ejemplo claro de que en Bolivia somos capaces de hacer leyes muy interesantes pero es muy difícil que se puedan poner en práctica”, indicó.

La jurista manifestó que tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial existen “enormes falencias” que se deben en algunos casos a temas particulares y en otros al mismo sistema.

Carga procesal

Inch señaló que una de las principales causas para la retardación de justicia en el país es la “sobrehumana” carga procesal en la Fiscalía y en el órgano de Justicia.

“Un fiscal que tiene que atender mil causas, no sé como humanamente podría hacerlo con eficiencia en todos los casos, entonces la práctica hace que atiendan a uno o dos casos, los más dramáticos generalmente, tiene que haber muertos o violaciones para que se le de atención a un caso y eso en realidad es terrible”, apuntó.
A criterio de abogada “toda esta situación genera un estado de inseguridad muy grande en la población”, principalmente en todos los que afrontan juicios.

Justicia que no opera sola

Otro factor que vulnera el derecho de las víctimas es el gasto que deben erogar los ciudadanos en busca de justicia, ya que se trata de un sistema que demanda el pago por toda acción que se realiza.

“Es una justicia que no opera sola, es una realidad que cualquiera que ha vivido un proceso judicial puede palpar directamente, ¿Cuántos gastos demanda eso? Es muy variable”, manifestó la experta.

Citó como ejemplo, en casos de gratuidad de la defensa, lo que ocurre en el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) o las Defensorías de la Niñez. “Son gratuitas, por norma no pueden hacer cobros, pero la carga procesal que ellos tienen es impresionante y volvemos al mismo tema (…), siendo abogada tomo conciencia que con dos casos tengo que trabajar 12 horas al día para poder atender responsablemente una causa, imagínese tener 20, 30, 50, 100 causas que atender, ese tema hace inoperante el sistema”, indicó.

Ante esta situación, la abogada agregó que si la parte interesada tiene que depender de la atención gratuita de estas instancias, “puede prepararse para pasar 10 años adelante en espera de los resultados que probablemente no lleguen nunca”.