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La comisión defensorial estuvo presidida por el Adjunto Marco Loayza y el Asesor en Asuntos Constitucionales que expusieron la solicitud del Defensor Rolando Villena ante esta instancia internacional de derechos humanos, que estaba presidida por el Comisionado José Jesús Ortega, quien en su intervención manifestó su beneplácito de que sea la Defensoría del Pueblo la institución que lleve un caso de esta naturaleza.
Entre los casos presentados se encuentran los de Grover Beto Poma Guanto, Ceooly Espinal Prieto, Cesar Daniel Carlos Loza, Freddy Rodriguez Uño, Alán Alí Álvarez Llusco, Luis Germán Steer Organivia, Jeannett Zulema Vargas Santos, muertos en los enfrentamientos de Apolo.
Del mismo modo se presentaron los casos de cadetes fallecidos en la Academia Nacional de Policía, la cadete Cinthia Poma y los cadetes torturados en la Escuela Básica Policial. En los casos expuestos se identificaron las vulneraciones al derecho a vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura, que según el Defensor Villena “aún son recurrentes al interior de las Fuerzas Armadas”.
El Defensor Villena, en su carta de presentación informó al CIDH que desde hace más de un año buscó, sin éxito, acercamientos con el Alto Mando Militar para iniciar acciones conjuntas e integrales para garantizar el respeto a los derechos humanos en la entidad castrense y la investigación de los casos señalados. Asimismo gestionó la intervención del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acción que tampoco tuvo respuesta.
“Hoy hemos acudido ante ustedes como último recurso y en mérito a nuestras atribuciones y responsabilidad, ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos que al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial, propician y promueven la afectación sistemática de los derechos humanos, de quienes ingresan a sus recintos para recibir formación e instrucción militar o policial”, manifestó Loayza en la audiencia temática de la CIDH.
La demanda defensorial solicita que la CIDH “formule recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia para que adopte medidas progresivas en favor de los derechos humanos en recintos policiales y militares, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos y solicite al Estado boliviano le proporcione informes periódicos sobre las medidas que adopte en materia de derechos humanos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”.
Tras la sustentación de la denuncia, la comisión defensorial planteó y pidió a la intervención de la CIDH, porque “creemos firmemente que la situación que viven los conscriptos y los estudiantes en centros de formación militar y policial, en cuanto al respeto y ejercicio de sus derechos humanos, debe ser un tema de preocupación y de intervención desde las instancias responsables en nuestro Estado”.
La misión defensorial fue recibida por los comisionados José Jesús Ortega, James L. Cavallaro y Paulo Vannuchi en respuesta a la solicitud enviada por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. En representación del gobierno boliviano estuvieron el embajador Diego Pari y la Directora General de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Loyza durante la sustentación de los argumentos, manifestó que si bien en Bolivia se habían conocido de fallecimientos no esclarecidos en los recintos militares, en marzo de 2013 la Defensoría del Pueblo de manera pública alertó sobre el incremento de estos hechos que, a diciembre del mismo año alcanzó la cifra de 16 personas, entre soldados, cadetes e incluso personal civil.
A esta cantidad se sumaron otros cinco casos sucedidos en años anteriores y de otros fallecidos en centros de formación policial. Aunque en la mayoría de los hechos las investigaciones militares determinaron que se trató de accidentes, algunos reportaban a la comisión torturas y tratos degradantes, además de otras vulneraciones que se detallan en la documentación que adjuntamos.
Asimismo, indicó entre el año 2011 y el 2013, la institución defensorial recibió 343 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. De ese total, 79 se referían a la vulneración del derecho a la integridad física, síquica y moral; 105 fueron presentadas por conscriptos y 242 estaban fundadas. La preocupación de nuestra institución también fue compartida por entidades como Amnistía Internacional (Informe 2011) y se reflejaron en informes de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal (2009).
