domingo, 5 de febrero de 2017

Jhery Fernández: “Creo en la justicia, pero no en los operadores de justicia”

Foto: El Diario
Por Luis Fernando Cantoral

“Me sentenciaron y después me quieren investigar”, lamenta el médico Jhery Fernández, sentado en un banquillo en el consultorio que atiende en la sección La Posta del penal de San Pedro, donde permanece desde hace más de dos años en calidad de detenido preventivo.

“Nadie me dio el beneficio de la duda, todos me sentenciaron desde un primer momento”, reprocha con decepción y más aún cuando revive el día de la audiencia de medidas cautelares, ocurrida el 16 de diciembre de 2014, que determinó su suerte sin más indicios en su contra que la acusación verbal de la fiscalía y un examen de ADN que estaría listo tres días después.

Fernández está acusado por la violación y muerte del bebé Alexander, un infante de ocho meses que perdió la vida, según la versión oficial, por una profusa hemorragia producto de violación, aunque las investigaciones posteriores se alejan cada más de esa posibilidad.

El proceso, hasta donde se conoce, porque fue declarado en reserva, se desarrolló en medio de un escándalo por la falta de rigurosidad investigativa de parte de la fiscalía  y el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), y entre denuncias de extorsión, tortura y vulneración de los derechos básicos fundamentales, según declaraciones de los propios investigados, instituciones y autoridades legislativas.

Jhery Fernández rememora algunos de los pasajes más dramáticos que le tocó vivir en el proceso judicial, que, según afirma, destruyó su vida emocional, social, económica y familiar por la grave acusación esgrimida en su contra.

“El día que me pusieron las esposas (ese 16 de diciembre luego de la audiencia cautelar) fue como si me hubieran puesto un gran peso encima, como si me pusieran grilletes en todo el cuerpo, y así todo esposado y amarrado me lanzaran (a la gente que exige justicia) para que me hagan lo que quieran”, dice.

El médico de 34 años, en ese entonces, recuerda este episodio como el que marcó su vida. “Me acusaron de un delito muy grave sin tener pruebas”, vuelve a lamentar.

Hace ya más de dos años, el fiscal Edwin Blanco y la fiscal Patricia Santos aseguraron en la audiencia de medidas cautelares tener todas las pruebas que incriminaban a Fernández en la muerte de Alexander. Lo acusaron de pedófilo porque a sus 34 años no se había casado ni tenido hijos, aunque no contaban con ninguna evaluación psicológica de respaldo. Insistieron que la prueba científica del ADN lo implicaría, pero estaría lista tres días después.

El día de la audiencia estaba solo, recuerda, frente a más de cuatro fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Defensoría de la Niñez, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación que lo señalaban con el dedo acusador y pedían su reclusión en el penal de Chonchocoro por ser un “peligro para la sociedad”.

Incluso el Sedeges que realizó un proceso interno y no encontró ningún indicio y les restituyó el trabajo a los funcionarios del hogar Virgen de Fátima, donde ocurrieron los hechos, pedía cárcel para él en Chonchocoro, recuerda.

Los presentes lo miraban con desconfianza, y cuando la jueza Lía Cardozo dictaminó detención preventiva en la cárcel de San Pedro, su mundo anímico se desplomó. “Los fiscales y funcionarios presentes celebraban y se abrazaban por la determinación de la juez”.

Las manillas apretaban sus muñecas como la angustia a su corazón. “No podía creer lo que estaba pasando, salía de la sala del juez con la acusación de ser el asesino de un niño”. 

Al salir de la sala un enjambre de periodistas lo abordó, se sentía expuesto como un criminal, camino hacia el patíbulo de la opinión pública. Escuchaba preguntas de todas las direcciones que no entendía, mientras avanzaba con los custodios. En medio de ese alboroto vio a su madre delante de él, llorando con desesperación y gritando su nombre junto a su padre, hecho que terminó por devastarlo. Fernández no puede contener las lágrimas al recordar este episodio de su vida.

“Fue como exponerme ante todo el mundo como un criminal, como un asesino de niños, como lo peor, y yo todo amordazado, sin poder hacer nada”, reitera.

Para Jhery fue un “linchamiento social y mediático”. “Si ese día la opinión pública me habría podido linchar en una plaza, lo hubiera hecho, y todos habrían dicho que estaba bien”, reflexiona.

Sintió que todo ese tiempo “la fiscalía podría salir a decir todo lo que quisiera”, en cambio él se sentía “amordazado” y “expuesto”. Lamenta que muchos medios de comunicación solo repitan lo que dicen algunas autoridades judiciales sin tomar en cuenta al acusado. “Los titulares de prensa me hicieron mucho daño”.

Después de todo, señala, solo se cumplió el designio del fiscal Edwin Blanco, que un día antes, cuando le tomó la declaración en su oficina, ya lo había sentenciado. Mientras él le explicaba que cometía un error al ordenar su aprehensión, Blanco le respondió: “Acá tu eres culpable hasta que se demuestre lo contrario”.

Ese mismo día, recuerda, Blanco intentó que firme una declaración en el que él aceptaba su responsabilidad en la violación y muerte de Alexander, que de manera “tramposa” hizo que se agregue al oficio de la declaración. El artificio fue descubierto y rechazado por su abogado, que incluso lo denunció ante los medios.

Ingreso a San Pedro

Jhery Fernandez fue llevado al penal de San Pedro ese mismo día de su audiencia, en horas de la noche. Dice que estuvo seis meses en la sección de castigo de La Grulla –un angosto pasillo con varias celdas-, de los cuales tres meses fueron bajo sombra.

“Viví tres meses bajo sombra, salía solo 5 minutos por la mañana y 5 por la noche para ir al baño, pero solo si los custodios no se olvidaban”, señala.

Compartía una pequeña celda de 2X2 con el detenido que llegara. El lugar era inhabitable y donde ningún ser humano debería morar. Parecía haber sido dejado a su suerte desde su construcción. Era un muladar que por el sumidero del piso surgían cientos de alimañas y olores nauseabundos.

Jhery dormía sobre una cama de cemento que tenía por colchón una pallasa vieja y sucia.

A esto se sumó el maltrato y las amenazas. “Tú eres el violador, el mata niños”, con estas frases lo recibió un policía. Los internos también le hacían frente. Dice que dentro del penal se dejan llevar mucho por lo que dicen los medios. Al principio, recuerda, “recibí una presión sicológica muy fuerte”.

Su situación anímica era insostenible, todos los sindicaban como el asesino de Alexander: las autoridades, los medios de comunicación, la gente, “hasta el Ministerio de Justicia que debía tener una posición imparcial me acusaba”.

Por toda esta situación, “los internos pensaban que un día me iba a matar”.

Pero su estado de ánimo fue cambiando cuando se dio cuenta que podría ser útil dentro del penal. Los internos al ser conscientes de que Jhery era médico, poco a poco le fueron consultando por algunas dolencias. “Cuando estaban mal desde la reja preguntaban, así me fui ganado su confianza, después hasta me traían algunas cosas para comer”, señala.

Los internos se convencieron de que él no podría ser un asesino de niños, porque “el que es maleante, maleante nomás es”, le dijeron. Los delgados de La Posta pidieron su pase a esa sección. Ahora atiende un consultorio médico ahí.  

Sus compañeros de infortunio y el Gobernador del penal le hicieron llegar cartas de reconocimiento, que muestra orgulloso, “por su vocación de servicio y apoyo a la población penal”, ya que, según refiere, nunca rehuyó una atención médica de emergencia, así sea pasada la medianoche.

“Edwin Blanco decía que soy un peligro para la sociedad, yo le digo que yo sirvo a la sociedad”, señala 49 meses después de las sindicaciones del fiscal que lo mantienen en la cárcel.

Mirada al futuro

Todo cambió para Fernández durante este tiempo que considera que lo agarraron como chivo expiatorio para calmar la indignación popular. Dice que ahora no podrá ser tan abocado a su profesión como antes, porque muchas de las atenciones que él tuvo hacia los niños mientras estaba en el hogar, fueron tomadas como “sospechas de delito” por la fiscalía.

“Para la fiscalía había sido delito que uno se dedique a sus pacientes, ellos ven otro interés en todo eso”, señala.

Fernández ahora teme atender a menores de edad y mucho más auscultarlos por las acusaciones que le hicieron. “Me han acusado de forma tan vil que tengo miedo que me acusen de cualquier cosa nuevamente”, refiere.

“Antes me llamaba la atención los niños, trabajé con una pediatra y me dijo que tenía mucha aptitud para los niños, pero ahora ya no será así”, remarca.

Cuando un niño del penal acude a él, le dice que venga con sus padres, y cuando hay que hacer alguna revisión física, pide a los padres que ellos lo hagan.

Derechos vulnerados

“Creo en la justicia, pero no en los que operan la justicia”, remarca Jhery Fernández, quien se considera víctima de los fiscales y administradores de justicia que llevan su caso.

Recuerda que le informaron de su audiencia cautelar media hora antes y no tenía contacto con su familia y su abogado. Al enterarse, su abogado tuvo que armar en menos de media hora la defensa. No había sido notificado ni tenido acceso al cuaderno de investigaciones.

Recuerda también que Edwin Blanco pidió detención preventiva para él por no tener casa ni trabajo conocido, cuando un día antes realizó la inspección en su vivienda en el barrio de San Pedro.

También que después de la acusación de pedófilo, ante todo el país, el Ministerio Público hasta el momento no le realizó una evaluación siquiátrica ni psicológica para respaldar esa acusación.

Por esas fechas, diciembre de 2014, se halló Antígeno Prostático Específico (PSA) en el bebé, lo que afianzaba la versión de la fiscalía sobre una violación sexual y la imputación a Fernández, aunque no se sabía con certeza a quién pertenecía, sin embargo esta proteína que se produce por las células prostáticas también se encuentra en la sangre, en el sudor y hasta en las mujeres.

Por ahora el proceso avanza misterioso entre cuatro paredes por su declaración de reserva, pero se espera que hasta marzo se dicte sentencia.

A Fernández le preocupa su situación económica, no sabe cómo devolverá todo lo que debe, y si sale teme que nadie le dé trabajo. “Tengo muerte civil, me han matado en vida”, apunta.

Sus padres viven en Oruro. Él es sastre y ella ama de casa. Aunque le dicen que afuera todo está bien, Fernández sabe que no es así. Su familia empobreció mucho con este caso.

Jhery Fernández asegura que seguirá luchando por su inocencia, y si los funcionarios “inquisidores” le niegan su libertad, no se dará por vencido, seguirá adelante, denunciando que es víctima de los operadores de justicia, y de un fiscal que solo buscó quién pague por la muerte de Alexander, y que no se atreve a mirarlo a los ojos porque “sabe lo que ha hecho”.