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“El Estado tiene que resarcir los daños causados por una arbitraria, ilegal y cochina denuncia que les ha hecho (la fiscalía) en 2011, de acusarlos por terrorismo, basados en panfletos que maneja cualquier persona”, manifestó el abogado.
Luego de dos años y 10 meses de iniciado el proceso, el fiscal de materia Willy Rojas Cazas decretó el sobreseimiento del caso “por falta de elementos constitutivos de los tipos penales y por no haber suficientes elemento de convicción que puedan sostener una eventual acusación formal en el juicio oral y público”.
Los Minaya Romero, solicitantes de refugio en Bolivia, fueron detenidos el 1 de agosto de 2011 en la ciudad de El Alto y sindicados, en conferencia de prensa por el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, de realizar actividad terrorista en el país. En el proceso de su detención fueron torturados, según constató el ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, mediante exámenes médicos.
Bustos indicó que el juicio que iniciará sería en primera instancia contra el fiscal de turno de entonces, Ángel Ponce, ahora fiscal de distrito, por haber presentado imputación contra sus defendidos cuando no existían los elementos suficientes. “Fue una acusación arbitraria e ilegal”, reiteró.
“El Estado tiene que limpiar la cara de mis defendidos que les ha embarrado con esa tremenda acusación”, remarcó el abogado.
El abogado de la defensa manifestó que el gobierno actúa así “cuando le urge tapar otros casos más grandes”. “De esta manera la inocencia de la gente es violada por el gobierno”, dijo.
“Presentaré el caso contra el Estado, pero si no hay avances llevaré el caso ante organismos internacionales”, apuntó.
