 |
| Foto: Internet. |
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de todas sus instancias, ha sido claro en cuanto a establecer que la tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, están absolutamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta prohibición no puede ser derogada y no admite excepciones de ningún tipo, aún en situaciones de guerra, lucha contra el terrorismo o estados de emergencia o calamidades públicas.
“No hay absolutamente ninguna justificación para la tortura. No existe ningún escenario donde la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes sean aceptables. El derecho internacional de los derechos humanos lo establece con absoluta claridad, y así ha sido reiterado por la Comisión y la Corte Interamericanas”, dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Tracy Robinson.
“Es fundamental que los Estados de la región den pasos firmes que garanticen que ninguna persona bajo su jurisdicción sea sometida a torturas. La ratificación universal de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura es uno de esos pasos, y otro es la necesidad de que todos los países adecuen su derecho interno a los estándares internacionales en la materia”, agregó.
Este tratado fue adoptado en 1985, y a la fecha ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Tanto la Comisión, como la Corte Interamericana han establecido que, en casos de tortura, una reparación integral exige que los Estados realicen una investigación de oficio con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva.
La jurisprudencia del Sistema Interamericano establece asimismo que es preciso disponer medidas de reparación que brinden atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas.
En estrecha relación con lo anterior, la Comisión ha subrayado además la necesidad de que las más altas autoridades del Estado envíen un mensaje claro de rechazo al empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que se adopten las medidas necesarias para desarraigar estas prácticas de la cultura institucional de los cuerpos de seguridad.
Asimismo, la Comisión insta a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aún no lo hayan hecho, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A los Estados que ya han ratificado este instrumento, la Comisión les insta a implementar de manera efectiva el mecanismo nacional de prevención, asegurando que éste cuente con los recursos, la independencia y el apoyo institucional suficientes para ejercer sus funciones de manera efectiva.
La Comisión enfatiza la necesidad de que los Estados fortalezcan su trabajo con los mecanismos regionales e internacionales para prevenir la tortura y para implementar las órdenes y recomendaciones de los órganos de supervisión con el objetivo de consolidar los sistemas nacionales de protección.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
