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| Foto: El Día. |
“Es importante señalar que se ha evidenciado en esta gestión un considerable aumento de este tipo de vulneraciones, superior a las tres gestiones anteriores, cuya suma alcanzó a 1.746. En relación al año pasado, por ejemplo se evidencia un incremento de casi el 56% de casos”, señala el informe de la institución estatal.
La tortura, así como los tratos degradantes e inhumanos constituyen formas de conducta recurrente en muchos ámbitos de la sociedad boliviana y en algunas instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas.
“Lamentablemente este tipo de delitos, pese a estar claramente señalados en la Constitución Política y a haber sido suscrito y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ni siquiera ha sido tipificado en nuestras leyes ni se ha creado el mecanismo de prevención como los establece el Protocolo”, se lee en el reporte Defensorial.
“Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”, señala la Constitución Política del Estado en su artículo 15, inciso I.
Asimismo, en el artículo 114, inciso I dice: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”.
En mayo de 2013, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió el informe sobre el tema en el Estado Plurinacional de Bolivia. El documento, uno de los más críticos que emitió este organismo sobre el tema expresa su preocupación por que Bolivia “no haya tipificado todavía el delito de tortura conforme a lo dispuesto por la Convención”.
Refiriéndose al anteproyecto de reforma del Código Penal que plantea la modificación del artículo 295 (vejaciones y torturas), considera que la redacción actual de dicho anteproyecto presenta carencias importantes al no incluir el propósito de la conducta en el tipo básico del delito y considerar los motivos para infligir tortura como circunstancias agravantes. Asimismo señala que tal y como está formulado, no contempla los actos de tortura realizados para intimidar o coaccionar a un tercero ni aquellos cometidos por una persona, distinta de un funcionario, en el ejercicio de funciones públicas”.
En relación a los procesos por estos delitos expresa “su preocupación sobre las demoras habidas en la instrucción y en el examen de la causa penal en la mayoría de los casos individuales de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en custodia”.
La directora del Instituto de Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo Cladera, sostuvo en anterior declaración que la falta de voluntad política del gobierno permite que continúen los casos de tortura en el país y la carencia de una ley específica hace que esta situación se haga cotidiana.
“No hay voluntad política del gobierno de resolver estos casos, si ellos hubieran querido hacer justicia hace mucho rato se hubiera hecho justicia, en todos los juicios que están pendientes, que están en la impunidad”, sostuvo Bravo.
Manifestó que a excepción del caso de la masacre de octubre de 2003, donde se inició y llevó a cabo un juicio, “en todos los demás hasta ahora no hay un seguimiento y enjuiciamiento de los casos de tortura”.
Quedan pendientes de resolución judicial y en algunos casos, incluso de investigación los casos de Olorio, Poma Guanto y Chaparina, que son los que alcanzaron alto impacto público y muestran evidencia incontrastable de que se cometieron estos delitos.
