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| Corte Interamericana de Derechos Humanos en pleno. Foto: Internet. |
La
Procuraduría del Estado de Bolivia lanzó una convocatoria internacional
para contratar a un experto en derechos humanos que co-patrocine y
asesore en la defensa del Estado en el proceso instaurado por la familia
peruana Pacheco Tineo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pago
por esos servicios asciende a $us497 por hora y fija un límite máximo de
remuneración de $us50 mil.
Entre
la justificación para acudir a la contratación de un extranjero está el hecho
de que en Bolivia no existen profesionales con la experiencia específica en el
ámbito de la instancia judicial internacional, dependiente de la Organización
de Estados Americanos, según la convocatoria “Contratación
de un profesional abogado experto en derechos humanos para el copatrocinio en
el caso familia Pacheco Tineo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
fechada el 6 de marzo de 2013 y ubicada en el área de recursos humanos.
El
caso de denuncia de violación de derechos humanos se remonta al 2001, cuando la
familia solicitante de refugio Pacheco Tineo -dos adultos y tres niños- fue
expulsada de Bolivia a su país de origen, Perú, vulnerando el principio de no
devolución, consagrado en el Estatuto de los Refugiados del cual Bolivia es
firmante, según cita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego
de una evaluación de la denuncia, la CIDH presentó el caso ante la CorteIDH al
considerar que el Estado de Bolivia era responsable internacionalmente por
diversas violaciones como el derecho a la integridad psíquica, el derecho a
solicitar y recibir asilo o la desatención de obligaciones de protección de
menores.
La
Procuraduría, encargada de la defensa legal del Estado, busca al
co-patrocinante, justamente para coadyuvar en la defensa legal, desvirtuar los
alegatos de los demandantes, preparación de testigos y peritos, preparación a
los agentes del Estado, entre otras actividades.
Entre
2001 y 2009 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió al menos doce
demandas contra el Estado boliviano, entre las que se encuentra una presentada
por el hoy vicepresidente Álvaro García Linera y otras once personas por
violación de los derechos humanos. El organismo internacional tiene en carpeta
de análisis otras 77 peticiones.
Los
representantes de la familia defendieron en marzo ante el tribunal que el
Estado habría violado el derecho de buscar y recibir asilo, el derecho a las
garantías judiciales y de protección judicial y el derecho a la integridad
personal, al denunciar malos tratos por parte de funcionarios bolivianos.
Por
su parte, una de las representantes del Estado, Juana Costa, alegó que "no
procedía (por parte de Bolivia) el inicio de un proceso formal de
reconocimiento" de refugio ya que "no existió realmente una solicitud
de refugio en el 2001". Y pidió a la CorteIDH que declare, en su
sentencia, "que no ha existido ninguna violación a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos". (Con información de La Razón)
