Expertos forenses aseguran que ninguna instancia de la justicia garantiza un proceso justo

Foto: La Razón

Por Luis Fernando Cantoral

“Ninguna instancia de la justicia boliviana garantiza que se lleve a cabo un juicio justo”, afirma categóricamente el experto forense del Instituto de Terapia e investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI), Marcelo Flores. Y esta afirmación la sustenta en que el proceso en el que se deben recabar las muestras e indicios determinantes, como es la investigación forense, atraviesa por un problema estructural.

Si no tenemos pruebas correctamente recabadas cómo podemos acusar o exonerar a una persona involucrada en un ilícito, cuestiona del mismo modo el Presidente de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, Saúl Pantoja.

Y es que la investigación forense y criminal en el país tiene muchas deficiencias en todo su proceso, motivo por el cual la mayoría de los casos penales presentan “contaminación de pruebas”, señalan los expertos.

Los escasos recursos económicos, la falta de capacitación y especialización del personal, la ausencia de un protocolo y la carencia de una morgue especializada tienen como consecuencia el incorrecto recojo y procesamiento de muestras que luego serán utilizadas a lo largo del proceso, y esta situación involucra directamente al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF),  instancia dependiente del Ministerio Público encargada de realizar los estudios  científicos-técnicos y laboratorios requeridos para la investigación de los delitos.

Flores estima que “de un 50 a 75 por ciento de los casos que se conocen presentan contaminación de pruebas” y para Pantoja, si bien no precisa datos, es bajo el porcentaje donde se respetan los procedimientos.

“En su mayoría no siguieron un protocolo adecuado para la toma de muestras o la cadena de custodia para su conservación y posterior utilización en el laboratorio”, señala Pantoja.

Con estas deficiencias –agrega el experto- creamos falsas hipótesis que “en vez de aclarar al fiscal o al juez lo confundimos más porque el sistema científico va perdiendo su solidez y se apega más a fallas técnicas que lamentablemente se las va a arreglar haciendo interpretaciones que no siempre son las correctas y están apegadas a la ética y a lo profesional”.

Indica que muchos son los casos en los que se cuestionan los resultados que brinda el IDIF y donde las partes comprometidas expresan su disconformidad y desconfianza con la labor de la institución. ANF buscó en reiteradas oportunidades la versión del IDIF sin resultados.

Falta de capacitación

Uno de los problemas básicos se presenta cuando el criminalista junto al médico forense, que en muchas ocasiones no está presente en el levantamiento del cadáver, tiene que recoger las evidencias. “Ahí es donde se manifiesta la falta de capacitación del personal porque muchas veces acude al lugar personal con formación empírica”, señala Pantoja.

Sin embargo para Flores el problema además pasa por un tema de “mucha negligencia”, ya que si bien, en general, saben qué es lo que tienen que hacer, “nunca lo hacen”.

“El fiscal llega tarde, se guarda un vehículo (involucrado) a la intemperie, se manipula las pruebas sin tomar las medidas necesarias, no se indaga sobre los posibles testigos en el momento si no tres semanas después”, lamenta.

Indica que “tal vez los tiempos en el poder judicial son muy largos y eso es todo un problema, porque no se hace una investigación inmediata, sino se toman su tiempo”.

Pantoja agrega que la importancia del médico forense “en el levantamiento del cadáver es imprescindible porque se adelantaría el 50 por ciento del otro paso que es la autopsia médico legal y que permite corroborar una serie de hallazgos que el médico forense ya hace en el levantamiento”.

Carencia de una morgue especializada

Otro problema es la falta de una morgue judicial especializada “para uno de los actos más trascendentales” que permita recabar información como es la autopsia de ley. Actualmente esa infraestructura no existe, manifiesta Pantoja.

Indicó que la actual morgue judicial “es un galpón” que no cumple con las mínimas condiciones para garantizar una autopsia responsable y seria y con buenos resultados. “Se improvisa una mesa quirúrgica y no hay agua ni luz, no tenemos ningún tipo de equipamiento”, apunta.

Resultado de esta situación, señaló el forense del ITEI, es que los familiares y afectados rechazan las autopsias porque de por medio está la contaminación, “lo cual deriva en la mala costumbre de realizar necropsias”.

“El gran error es que hacemos exhumaciones más que en otro lado, cuando la autopsia es la que debería haber dado todos los datos para tener un buen proceso judicial”, dice.

Escasos recursos

Los presupuestos son muy pobres y no se da la importancia que se requiere a la pericia forense en sí, lamentó el Presidente de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses.

Indica que existe una serie de deficiencias en las condiciones en que se trabaja por falta de presupuesto.

Flores agregó que esta situación lleva a otro tipo de contaminación de la prueba y tiene que ver con que los interesados en que se haga la autopsia deben cubrir con todos los gastos para que se realice, con la compra de bisturí, ponchos y otros, pero qué pasa si es que los familiares no cuentan con recursos, se pregunta.

La ética

El dilema ético también asedia a la investigación forense. Para Pantoja es muy importante que el IDIF no dependa del órgano Judicial para garantizar su independencia y permita al perito emitir sus informes sin influencias.

“En el país lamentablemente por las cosas que vemos hay muchas personas que se inmiscuyen en esto, se debe crear un reglamento de tal manera que estas personas solo opinen sobre sus asuntos pero no sobre la parte técnica”, dijo.

Sostuvo que “lamentablemente el hecho de depender del Poder Judicial ya es uno de los condicionantes”.