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Bolivia
debe tipificar sin demora el delito de tortura conforme a las leyes
internacionales, según solicita el informe publicado hoy por el Comité contra la Tortura de la ONU , que acaba de analizar al
país sudamericano.
"El
Comité reitera su anterior recomendación, según la cual el Estado debe
incorporar a su legislación penal una definición de tortura que abarque todos
los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención ",
señala el informe del Comité.
"La
legislación penal debería enunciar claramente el propósito del delito de
tortura, estipular las circunstancias agravantes, incluir la tentativa de
tortura, así como los actos realizados para intimidar o coaccionar a una
persona o a un tercero y los cometidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia".
Con
respecto a las garantías procesales fundamentales, el grupo de expertos de la ONU recuerda que en la
anterior revisión ya solicitaron que éstas estuvieran en consonancia con lo
establecido en la
Convención , por lo que insta al Estado a:
"Adoptar
medidas eficaces para garantizar que las personas detenidas cuenten, en la
práctica y desde el inicio de la privación de libertad, con todas las
salvaguardias legales fundamentales, entre ellas el derecho a ser informado de
los motivos de la detención, a tener acceso a un abogado, a ponerse en contacto
con sus allegados u otras personas de su elección y a ser sometida prontamente
a un examen médico independiente".
En
relación a las denuncias de torturas y malos tratos, el Comité solicita a las
autoridades bolivianas que establezcan un mecanismo de queja específico e
independiente que permita recibir las denuncias de tortura y malos tratos para
que puedan ser examinadas sin demora y de forma imparcial.
"Preocupan
al Comité las demoras habidas en la instrucción y en el examen de la causa
penal en la mayoría de los casos individuales de malos tratos, tortura, uso
excesivo de la fuerza y muertes en custodia", es por ello que los expertos
instan a Bolivia a que "garantice" que se investiguen de manera
pronta e imparcial todas las denuncias.
"Y
a velar por que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos sean
suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la
investigación, en particular si existe riesgo de que, en caso contrario, estén
en condiciones de repetir el acto denunciado o de obstaculizar la
investigación".
Por
otra parte, los expertos de las Naciones Unidas urgen a las autoridades bolivianas
a que excluyan la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre
casos de violaciones de derechos humanos, incluidos los actos de tortura y
malos tratos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
"El
Estado parte debe garantizar que se investigue exhaustivamente la conducta de
los miembros de las fuerzas armadas sospechosos de cometer actos de malos
tratos o tortura contra personal militar, se enjuicie a los autores de esos
actos en la jurisdicción ordinaria, y de ser declarados culpables, sean
castigados con sanciones apropiadas".
Finalmente,
el Comité insta a Bolivia a investigar, enjuiciar y castigar a los autores de
violencia sexual contra la mujer; y a adoptar medidas eficaces para facilitar
la asistencia de las víctimas en la formulación y presentación de denuncias.
Así
como asegurar la protección efectiva de las víctimas garantizando el acceso a
centros de acogida y servicios de asistencia sanitaria; acelerar la creación de
los juzgados de instrucción de violencia de género; y reforzar las actividades
de concienciación y educativas sobre la violencia de género tanto a
funcionarios que tengan contacto directo con las víctimas como al público en
general. (Tomado de terra.com)
