Bolivia
incumple por séptimo año consecutivo con la creación de un Mecanismo Nacional de
Prevención contra la Tortura
luego que firmara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2005, durante
el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y ratificara el mismo en
la primera gestión de gobierno del presidente Evo Morales, señaló la directora del Instituto de Terapia e
Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo Cladera.
“Con
esta ratificación del Protocolo Facultativo, Bolivia se comprometía ante
instancias internacionales a crear su Mecanismo Nacional de Prevención un año
más tarde, y hasta este momento este mecanismo no ha sido creado”, señaló la
representante del ITEI.
Bravo
explicó que el Mecanismo, una vez conformado, dará mayores ventajas y protección
a los ciudadanos. Sus operarios podrán actuar de manera irrestricta, incluso antes
que existan denuncias de por medio, indicó.
“Ellos
tienen el deber de entrar a cualquier lugar de detención, incluso aeropuertos,
sin previo aviso y constatar las condiciones de detención y de trato de las
personas privadas de libertad, y tienen la obligación de publicar su informe,
lo que no pasa con el organismo internacional que publica su informe solo si el
país que han visitado esta de acuerdo”, manifestó.
Dijo
que la institución debe ser independiente de cualquier instancia del gobierno y
del Estado y creado por un amplio consenso de organizaciones sociales, de DDHH y de ONGs.
La
tortura es considerada como un delito internacional y un crimen de lesa
humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo cual tiene la
calidad de imprescriptible, es decir que con el pasar del tiempo no se extingue
la persecución contra los autores.
Ley
contra la Tortura
La
funcionaria manifestó que actualmente el país carece de un instrumento nacional
que se pueda utilizar para juzgar casos de tortura pese a que la Corte Interamericana
Apuntó
que a la fecha sólo rige la Ley
promulgada por el expresidente Hugo Bánzer Suárez, donde la sanción para actos
de tortura es de mínima cuantía. “Sólo se sanciona con dos años de cárcel, y si
hay muerte hasta 6 años”, expresó la activista.
Evidenció
que el gobierno de Evo Morales mantiene un marcado desinterés por elaborar una
norma nacional al respecto porque “hacerlo sería tocar a las Fuerzas Armadas y la Policía , que son instituciones
que torturan”.
“Una vez más vemos que no hay voluntad
política del gobierno porque una Ley Contra la Tortura toca al Ejército y a la Policía que
son las dos instancias gubernamentales que han torturado y torturan en este
país, entonces el gobierno no quiere tener problemas. Con los militares el
gobierno tiene una política de no tocarlos y con la Policía también”,
apuntó.
Respecto a la institución
verde olivo dijo que “todas las denuncias de tortura son provenientes de la FELCC (Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen) en el momento de la detención”. Agregó que ese acto cruel y degradante se realiza
“con el acuerdo y la presencia del fiscal”.
Proyecto de Ley
La
activista mencionó sobre un Proyecto de Ley contra la Tortura que se elaboró conjuntamente
con instancias gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Exteriores y de
Justicia; organismos internaciones como la Asociación para la Prevención de la Tortura , el Consejo Internacional
por la Rehabilitación
de Víctimas de la Tortura ,
la Corte Internacionalla Oficina
de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas; y, instituciones bolivianas como
el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos y la Comunidad Boliviana
Subrayó
que el documento elaborado se entregó el 2010 a la entonces presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara
de Diputados, Marianela Paco.
“Ese
documento que ha sido entregado al gobierno ahora esta seguramente en los
cajones de alguna de las comisiones del gobierno y no se le da curso”, apuntó.
