El director
nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, informó que en las
cárceles del país aproximadamente un 20 por ciento de los internos son
extremadamente pobres o indigentes, y que en su mayoría padecen adicciones al
alcohol y las drogas. La autoridad lamentó que los operadores de justicia
deriven a este tipo de personas a las cárceles cuando deberían enviarlas a
centros de rehabilitación.
“Hay indigentes
también en las cárceles, son los drogadictos y alcohólicos que nos los mandan
por orden judicial, y esta población debe ser siquiera un 15 a 20 por ciento (2.854
internos), y que nosotros no tendríamos que atender. Gente drogadicta no tiene
que estar en cárceles y lamentablemente está y los jueces los mandan, los
jueces con qué criterio hacen esto, parecería que no han entrado a la universidad”,
reprochó el funcionario.
Agregó que como no
hay centros de rehabilitación -responsabilidad del Ministerio de Salud y de Justicia-,
“lo único que queda es la cárcel, el único lugar donde los podemos tener; el
resto (de autoridades) está durmiendo, descansando en sus laureles, mientras Régimen
(Penitenciario) tiene que seguir teniendo a estas personas”.
Casos de drogadicción
y alcoholismo
Señaló que los niveles
de adicción en las cárceles son alarmantes. Del total de la población
penitenciaria del país (14.272), “un 38 por ciento de personas se drogan (5.423)
y un 48 por ciento se alcoholizan (6.851)”.
Citó como ejemplo que
en la cárcel de Mujeres de Obrajes “de 400 personas, 90 tienen adicción”, lo
mismo sucede en el caso del penal de San Pedro, donde “existe un lugar sin
sección con 150 personas adictas totalmente”.
Pobreza en los
penales
Llanos indicó que
el nivel de pobreza en los penales llega a un 98 por ciento, razón por la cual muchos
de los internos no pueden beneficiarse con medidas sustitutivas al no contar
con recursos económicos; tampoco pueden abandonar las cárceles cuando han
cumplido sus sentencias porque “no pueden presentar garantías”. “Las
detenciones domiciliarias son sólo para los que tiene dinero”, dijo.
“Hay 450
detenciones domiciliarias en La
Paz por todo tipo de delitos: violación, asesinato, narcotráfico,
todo, y a los de San Pedro no les dan (este beneficio), ¿Por qué? ¿Por qué no a
unos y porque a otros? ¿Influirá en algo lo económico? Por eso dicen que en la
cárcel están los pobres, porque si ellos tuvieran dinero estarían con detención
domiciliaría”, apuntó.
La directora del Instituto
de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violación Estatal
(ITEI), Emma Bravo Cladera, manifestó
que en Bolivia existe una “justicia de clase” porque son las personas de
extracción más humilde las que están en las cárceles.
“No es por azar que
las cárceles estén llenas de Ticonas, Mamanis, Quispes, sin posibilidad de
poder llevar sus juicios adelante, aunque para algunos parecería que es un
lenguaje ya pasado de moda pero es una realidad en nuestro país y en muchos
otros países”, sostuvo.
Relató que cuando realiza visitas a las cárceles del país, como parte de sus funciones institucionales, evidencia que “hay gente que está sin juicio desde hace años y no saben qué hacer”. En el caso de
las mujeres, dijo, “muchas de ellas cuentan sus historias que son muy
terribles, están años y años y no saben por qué están ahí, y no tiene medios
económicos para defenderse”.
La Paz, 17 marzo, 2013
La Paz, 17 marzo, 2013
