 |
| Foto: Datos |
Retardación de justicia es definida por el abogado Alaín Núñez Rojas como el acto por el cual los funcionarios que están a cargo de manejar un proceso judicial entran en dilaciones indebidas y “no pueden concluir el mismo en el tiempo que deberían tramitarse”.
La cárcel de San Pedro de La Paz es el centro penitenciario con el más alto índice de retardación de justicia en el país. El 95% de su población es afectada por este flagelo, es decir que de algún modo los plazos procesales legalmente establecidos se vencieron sin haber llegado a una sentencia condenatoria o absolutoria. Solo el 5% de la población penitenciaria recibió un fallo de manera oportuna.
El dato es resultado de la encuesta de percepción de los privados de libertad sobre la celeridad del sistema penitenciario en Bolivia, realizado por la Pastoral Penitenciaria.
El Centro Femenino de Miraflores en La Paz ocupa el segundo lugar en el ranking de la retardación de justicia con 71%, es decir que solo el 28% de la población penitenciaria fue atendida en respeto a sus derechos.
Seguido está el Centro de Orientación Femenina de Obrajes con 62% de retardación de justicia y le siguen los recintos penitenciarios Villa Busch de Pando (mujeres), la carceleta de Riberalta y la cárcel de Palmasola (varones) en Santa Cruz con 55%, entre los principales.
En octubre de 2014, el gobierno promulgó la ley 334 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que busca la implementación de procedimientos para agilizar la tramitación de causas penales, reducir la retardación de justicia y garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz, sin embargo “hasta el momento no hay resultados concretos”.
El gobierno también apela a que los detenidos preventivos se acojan al juicio abreviado. Abogados de oficio del Estado visitan las cárceles, como la de San Pedro de La Paz, informando a los presos sobre los beneficios de este procedimiento, informó un interno a ANF.
Sobre los procesos de indulto y amnistía, la asesora jurídica de la pastoral Penitenciaria, Jannet Bailey, en una anterior declaración refirió de parte del gobierno solo existen buenas intenciones ya que ninguna política aplicada, como el de los indultos, generó un cambio sustancial.
“Si bien ha habido el tema del indulto (…), pero en los mismos decretos existen una serie de requisitos y son las cédulas de identidad que muchos de los privados de libertad no tienen y por eso no pueden acceder a ese beneficio”, apuntó.
Causas de la retardación de justicia
La Pastoral Penitenciaria identifica varios aspectos que contribuyen al fortalecimiento y la agudización de la retardación de justicia que tiene como únicas víctimas a los detenidos preventivos que en el país representa el 84% de la población penitenciaria.
Los aspectos más sobresalientes son: la sobrecarga procesal, la corrupción de los operadores de justicia, negligencia en la administración de justicia y la situación de pobreza de los privados de libertad que no pueden pagar un proceso adecuado.
