El
Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura sigue siendo
el método de investigación más utilizado por la policía y que los gobiernos de
turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta
situación cambie. Emma Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en
instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.
“Es
el método de investigación más barato y esa es una de las razones por lo que a
la policía no se le entrena en otros medios, más bien se le entrena en temas de
amedrentamiento”, manifestó Bravo en ANF.
La
activista agregó que si el nivel de investigación de la policía es más bajo hoy,
“es porque nunca se hizo nada por elevarlo”.
Dijo
que la policía aún mantiene en sus prácticas para sacar información, métodos
como la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la
cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre otros.
El
viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, indicó que
las escuelas militares, policiales y los centros penitenciarios son los
sectores de mayor vulnerabilidad y donde se cometen este tipo de tratos.
“Son
denuncias de familiares de militares, que los han dejado muy mal heridos, e
incluso que han llegado a la muerte. También el caso de policías que han sido
maltratados por sus superiores o el caso de personas que están en instancias de
penitenciarias”, manifestó.
Bolivia
ratificó en 2005 la convención contra la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, e incorpora esa figura
penal en su normativa, sin embargo los casos denunciados van en aumento, de
acuerdo al informe presentado por la Defensoría del Pueblo en la gestión
anterior.
La
Defensoría del Pueblo señala que recibió y procesó entre enero y octubre de
2013 un total de 1.119 casos, 56% más respecto a gestiones anteriores.
Según
la Convención, tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a
una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión (…)
infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas.
Casos
La
reciente denuncia de tortura abordada por el ITEI es el ocurrido a los
detenidos por el caso Apolo. Juan Bascopé, uno de los sindicados por el
ministerio Público de causar la muerte
de dos uniformados y un médico en el allanamiento a la comunidad de Miraflores,
“fue cruelmente torturado por la policía en presencia y con autorización del
fiscal y funcionarios del ministerio de Gobierno”.
“El
aparato de justicia conoce y obvia esta situación. En el caso de Apolo fue en
presencia del fiscal. Eso cubre al policía que va a ejercer la tortura, el
aparato conoce y obvia, lo de Juan Bascopé, es un caso claro donde hay denuncia
de tortura ante el juez y éste juega un
rol de invisibilización de la tortura porque no lo toma en cuenta en el informe
final pese a que Juan le muestra en la audiencia las huellas de su estado
físico”.
Juan
Bascopé fue golpeado en la cabeza y las costillas, su mano derecha fue prensada
hasta destrozarle los nervios. “Le destrozaron una mano, pusieron fierros entre
los dedos y han apretado, por eso hasta ahora no tiene fuerza en esa mano”,
relató Gautier.
Bascopé
además denunció que el médico del Penal de San Pedro no le brindó atención
médica pese a su reiterado pedido, y le advirtió que si lo atendía no iba a registrar
en su informe “ni una sola palabra” que su afectación física se debió a
tortura.
Otros
casos de tortura denunciados y que siguen entrampados en los juzgados son la
muerte mediante tortura de David Olorio por efectivos policiales en 2010, el
caso Sucre de mayo de 2008, las muertes de los subtenientes del Ejército Gróver
Poma y Ceooly Espinal. Así también se conocen los casos Caranavi, Chaparina y el
caso Chua, donde los estudiantes de la normal fueron torturados durante toda
una noche por un instructor militar.
Impunidad
Pese
a la cantidad de casos de tortura denunciados, Gautier dijo que no se conoce
que exista uno que haya terminado en sentencia. “Es una realidad que no se la
quiere visibilizar y hay la creencia de que la tortura solo existe en
dictadura”, manifestó.
El
viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales dijo al respecto que “no existe
en este momento un estudio empírico que nos genere datos e indicadores” sobre
la situación de la tortura en el país.
El
funcionario indicó que al ser un compromiso del Estado Boliviano prevenir la
tortura, es que el gobierno creó el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret),
pero aclaró que su origen se da más para cumplir con los tratados
internacionales.
“No
estamos creando el Sepret porque exista una tradición de tortura, o sea un
problema que aqueja a la sociedad, sino más porque estamos cumpliendo con los
convenios y los tratados a los que hace al Estado”, manifestó.
Dijo
que será el Sepret el que determine si en el país hay casos invisibilizados de
tortura. El ITEI desconfía del papel que pueda desempeñar el Sepret porque “se
trata de una entidad que depende del ministerio de Justicia y el gobierno nunca
hablará mal contra si mismo”.