El fiscal de la división de delitos contra las personas, Franz Contreras, tiene una actuación deficiente y obstruye las investigaciones para dar con los responsables de los “gravísimos hechos de tortura” contra Juan Bascopé Cari, referidos al caso Apolo, denunció el abogado defensor Fernando Zambrana.
“Nos extrañó mucho que desde el primer memorial se hayan traspapelado y extraviado nuestros escritos, teniendo que reiterar los mismos al punto de tener que formular una queja formal por la falta de consideración y de efectiva tramitación de nuestros memoriales”, lamentó el jurista. ANF buscó la versión del fiscal pero la autoridad no se encontraba en su oficina.
Bascopé luego de ser detenido por la Policía el 17 de julio de 2014, fue sometido durante tres días a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes por personal policial y militar con la anuencia de autoridades policiales, militares, del Ministerio de Gobierno y de la fiscalía, de quienes dio sus nombres. El suplicio inició en las oficinas del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) ubicado en la zona de Obrajes de La Paz, según la denuncia.
El dirigente apicultor se encuentra actualmente interno en la cárcel de San Pedro de La Paz, enfrentando cargos por el supuesto delito de asesinato ocurrido en octubre de 2013 en la localidad de Apolo.
Ante la gravedad de las torturas, Guadalupe Marengo, Directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional, se dirigió al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, para pedir información sobre “qué pasos se están tomando para avanzar en la investigación de los gravísimos hechos de tortura y malos tratos denunciados por el Sr. Bascopé el 2 de junio y para que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia”.
Sin embargo, pese al pedido de la organización mundial, el caso se mantiene estancado por trabas que presentan las unidades policiales y en particular el fiscal Contreras.
Zambrana presentó una queja contra Contreras el 3 de marzo y le solicitó una vez más el requerimiento para identificar a dos efectivos policiales implicados en la tortura, sin embargo “los requerimientos peor carecen de una serie de elementos y que son completamente deficientes ya que de las dos personas (identificadas) deliberadamente de una de ellas se emite poner todos sus apellidos en el requerimiento al Segip (servicio general de identificacion personal)”.
“A partir de los hechos se puede presumir una actuación completamente deficiente de parte de la investigación policial y de la fiscalía como director funcional de toda esta investigación”, apuntó.
El Instituto contra la Tortura (ITEI) señaló en un anterior informe que en Bolivia hay toda una estructura que busca “invisibilizar la tortura” y esto se evidenció claramente con el caso Bascopé.
“Pese a que Juan mostró los rastros de tortura en su cuerpo, la juez en la audiencia cautelar hizo caso omiso a sus reclamos; el médico del penal de San Pedro en un primer momento no quiso atenderlo para no tener que registrar las torturas sufridas; las denuncias que presentó por lo ocurrido no fueron aceptadas por las autoridades”, señaló la institución.
Ante la inactividad del Ministerio Público y del investigador asignado al caso, es que “Juan Bascopé toma contacto con Amnistía Internacional a través de la encargada del área de América que es la señora Guadalupe Marengo, que remite una carta al fiscal general del Estado”, señala su abogado.
Otros hechos de tortura
Otras denuncias de tortura en el caso Apolo fueron realizadas por familiares de Edgar Piluy Sullca que fue “cruelmente torturado” en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) “para que se incrimine”.
La denuncia fue realizada por la hermana de Piluy, Mercedes Salazar, quien señaló que también torturaron a su cuñada (esposa de Piluy) e intentaron lanzarla bajo las ruedas de un vehículo policial en movimiento “para que hable”. Igual suerte sufrió su padre de 75 años de edad, de quien “mediante golpes querían obtener respuestas”.
Piluy Sullca fue acusado por la Fiscalía de ser uno de los responsables de la muerte de tres efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y un médico el 13 de octubre de 2013, en Apolo, en un operativo de erradicación de coca, sin embargo por las escazas pruebas contra él, de parte de la Fiscalía, desde hace casi dos años está en libertad.
