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| Ciudadano español José María Gonzales, detenido en Bolivia por presunto delito de narcotráfico. Seis meses después fue liberado. El gobierno dijo que fue una equivocación. |
El exDefensor del Pueblo Waldo
Albarracín Sánchez sostuvo este martes
que el gobierno actúa de manera mediática en algunos casos delictivos de
repercusión nacional, para mostrarse eficiente ante la opinión pública.
Albarracín precisó que la policía y el
gobierno detienen y presentan ante los medios de comunicación a presuntos autores
de un hecho criminal sin tener las pruebas suficientes y vulnerando el
principio de inocencia.
“Ellos reaccionan así para efectos
mediáticos, presentan a los delincuentes para mostrar una eficiencia y después resulta que la historia es otra. Es
mucho más negativo querer quedar a como de lugar bien ante la opinión pública que
actuar con la necesaria responsabilidad frente a los hechos”, señaló el
activista de derechos humanos.
El pasado 19 de abril el gobierno
presentó ante los medios –y ante la población en general- al ciudadano
brasileño Adao Souza Silva como responsable de un presunto acto de sicariato en
la ciudad de Santa Cruz. Dos días después la jueza de Instrucción Valeria Salas
dispuso la libertad al no encontrar indicios que lo incriminen. Posteriormente la fiscal Pura Cuéllar se presentó en la audiencia y ordenó
su aprehensión por otro caso.
Con este accionar, dijo Albarracín, el
gobierno y la policía vulneran el artículo 116 de la Constitución Política
del Estado referido a la presunción de inocencia.
“Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de
duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”,
se lee en la Ley de Leyes.
“Lo que hay que pedirle a la autoridad
es que la mejor manera de resguardar la seguridad ciudadana es planteando
proyectos serios, políticas estatales serias en favor de la seguridad ciudadana
que garanticen también investigaciones responsables con procedimientos
responsables”, aseveró Albarracín.
En el mismo sentido, el representante
del Instituto de Terapia e
Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI),
Andrés Gutier, en anteriores declaraciones, manifestó que una manera de
encubrir la ineficiencia de la policía y los fiscales es deteniendo a personas
que por lo general son de origen pobre y no tienen como defenderse.
“Cuando hay casos graves la policía
tiene la tendencia de si o si detener a los dichos culpables para mostrar hacia
el publico que son eficaces, pero varios casos que hemos podido atender que han
sido detenidos, en parte golpeados, son casos que nada tienen que ver con el
caso y que se quedan más de un año y medio sin ser juzgados, sin saber por qué
los han detenido, sin recibir pruebas”, apuntó.
Otro caso similar al de Adao Souza se
dio con el prontuariado Félix
Yupanqui, alias el “Matón quita calzón”, a quien el gobierno, en un maratónico
operativo capturó y presentó como el responsable de la muerte de los
periodistas Peñasco en la ciudad de El Alto. Sin embargo hasta el momento no
existen las pruebas que demuestren esas acusaciones, expresó su abogado defensor
que ahora se apresta a denunciar al Ministro de Gobierno Carlos Romero por
daños y perjuicios.
“Vamos a
interponer una querella criminal contra el Ministro por daños y perjuicios, si
es posible por 100 mil bolivianos, para resarcir los daños (que le ocasionaron
a mi cliente)”, apuntó.
El director nacional de Régimen Penitenciario,
Ramiro Llanos expresó en una anterior declaración que “si alguien está detenido
y no le comprueban la culpabilidad tiene que iniciarle un proceso a las
autoridades judiciales”.
“Tienen que reponerle el daño que le
han ocasionado a la persona por el tiempo que ha estado preso”, remarcó.
Otro caso totalmente mediatizado que
pretendió mostrar la eficiencia del gobierno y de la policía boliviana fue la
detención y presentación de cuatro “peligrosos terroristas”, el pasado 30 de
mayo de 2012, responsables de atentar con explosivos instituciones financieras
y cajeros automáticos. Hasta el momento no se inicia el juicio y el proceso
carece de pruebas contundentes.
“Eso obedece a un error tremendo que
comete tanto el gobierno como la policía, y es que ellos actúan en función del
temor a la protesta pública o temor a la opinión pública respecto a su
negligencia en combatir el delito. Entonces les interesa más el salir bien ante
la opinión pública y en ese afán incurren en actitudes precipitadas”, afirmó
Albarracín.
La presidenta de la Asamblea de Derechos
Humanos dijo que en situaciones como está el derecho a la honra es un principio
muy vulnerado, principalmente en personas que nunca se imaginaron verse
involucradas en este tipo de casos.
“Muchas veces se presenta a una
persona acusada de un tipo de delito públicamente y está detenido
preventivamente mucho tiempo, después sale en libertad pero no hay ninguna
restitución”, indicó.
La afición de realizar presentaciones
televisivas también se dio en la gestión del exministro Sacha Llorenti. En
agosto de 2011 fue presentado públicamente el ciudadano español José María Gonzales, exfuncionario de la ONU , como miembro de una red
internacional de narcotráfico que intentaba enviar 30 kilos de droga a España.
Seis meses después, ante denuncias de
la oposición política de que Galán habría sido favorecido con la libertad por
mediación de la ONU ,
el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez explicó a la opinión pública que se trató de una “equivocación”
y que “ya todo fue aclarado”.
Actúan al calor de los hechos
Albarracín criticó la falta de
seriedad en la actuación de las autoridades del Ministerio de Gobierno y
evidenció que sólo proceden al calor de los acontecimientos.
“Asesinan a una periodista e
inmediatamente promueven una ley, se ve en la televisión el asesinato por un
sicario y sale el Ministro diciendo ‘me lo traen vivo o muerto’ sabiendo que en
realidad una autoridad pública democrática no puede expresarse de esa manera
ilegal”, dijo.
Lo que preocupa, agregó, es que ese
sicario “mientras siga impune continúa la preocupación de la ciudadanía y
también la tarea pendiente del gobierno y particularmente la policía”. Por eso insistió
que el gobierno “debe obedecer a reacciones más serias y evitar actuar por el
efecto mediático”.
