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| José de Jesús Orozco, presidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). |
Colombia,
cuyo prolongado conflicto interno genera situaciones que preocupan a la CIDH , había sido incluida en
ese apartado desde el 2000, pero este año fue retirada, luego de que aceptara
una visita de la Comisión
a fines del año pasado para evaluar de primera mano la realidad del país.
En
2012, la situación en Venezuela -incluida en la "lista negra" desde
2002- siguió siendo precaria, según la
CIDH , por la "fragilidad" y "falta de
independencia" del poder judicial, el "uso abusivo" del derecho
penal y ataques contra defensores de derechos humanos.
La
inseguridad en Venezuela, con altas tasas de homicidios, es otro de los temas
de inquietud para la CIDH ,
que consideró que las respuestas del gobierno han sido
"insuficientes", al tiempo que criticó el uso de milicias para
combatir el crimen, una tarea que a su juicio debe ser exclusiva de la policía.
Al
contrario de lo que ocurrió el año pasado, cuando Caracas no dio respuesta, en
esta ocasión sí envió observaciones al borrador del informe anual, se congratuló
la CIDH , que
reiteró su "disposición al diálogo" con el gobierno venezolano, que
la acusa de ser parcial en su contra.
Venezuela
le niega desde 2002 el permiso a la
CIDH para que envíe una misión, alegando que reconoció el
breve gobierno de facto durante el golpe de Estado de abril de ese año contra
el presidente Hugo Chávez, lo que es refutado por la Comisión.
La
situación en Cuba, donde por décadas ha habido "una situación permanente y
sistemática de vulneración de los derechos humanos", no varió en 2012,
según la CIDH ,
que denunció restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la
libertad de expresión y falta de elecciones, entre otros.
En
cuanto a Honduras, la CIDH
observó "asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad,
marginación y discriminación", que se volvieron más complejos desde el
golpe de Estado de junio de 2009, cuyas repercusiones aún se sienten.
El
presidente de la CIDH ,
el mexicano José de Jesús Orozco, dijo al presentar el informe en la OEA que el texto representa
"el cierre de un ciclo", ya que es el último antes de empiecen a
regir en agosto una serie de reformas de su funcionamiento, que implementa en
respuesta a un proceso de evaluación a la que la organización regional la ha
sometido desde hace casi dos años.
Orozco
denunció una vez más la insuficiencia de los fondos que le otorga la OEA , ante la avalancha de
casos que tiene que atender y el atraso procesal. "La escasez de recursos
genera rezago y demora que producen zozobra para las víctimas", advirtió.
