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| Foto: El Deber. |
“En los luctuosos acontecimientos emerge la responsabilidad estatal por el incumplimiento del deber de custodia y resguardo de personas que se encuentran bajo su cuidado, además de una directa participación de funcionarios policiales, como es el “Cabo Llavero”, quien habría propiciado el ingreso de los internos del bloque “B” al abrir la puerta de los bloques fuera de horarios”, manifestó.
Villena, al referirse al Informe que se encuentra publicado en el sitio web de la institución, señaló que “(En Palmasola) hubo una masacre por más de una hora, en la cual no intervino ninguna autoridad policial y menos que se haya tomado el control sino hasta que la refriega hubiera acabado, momento en el cual recién la policía boliviana habría ingresado al lugar”.
De acuerdo al documento, “en lo que respecta al derecho a la integridad personal y vida se debe destacar que existieron actos que configuran los elementos de la tortura, al haber sometido intencionadamente a las víctimas a dolores y sufrimientos graves, tanto físicos como mentales, actos cometidos con la aquiescencia y consentimiento de las autoridades penitenciarias, quienes inclusive habrían facilitado el ingreso de los atacantes”.
De acuerdo con la autoridad, lo ocurrido “no solo resulta en una de las acciones más trágicas y violentas registradas en las cárceles de Bolivia en toda nuestra historia, sino que además evidencian la gravedad de una crisis que se ha construido a lo largo de muchos años y que está lejos de concluir”.
El informe, que fue enviado a autoridades locales y nacionales, contiene recomendaciones al Fiscal Departamental de Santa Cruz para que instruya una investigación del personal policial que se encontraba realizando la custodia de Palamasola, en especial de aquellos policías responsables del sector Chonchocorito y, particularmente, del policía que cumplía las funciones de “cabo llavero” esos días.
Al Ministerio de Gobierno recomienda elaborar e implementar una política de prevención de situaciones críticas en centros penitenciarios que prescriba la estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, así como todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia y al Ministerio de Salud, que se realicen las acciones pertinentes a fin de lograr el restablecimiento de la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas de los hechos”.
Según la autoridad, el resultado de la investigación presentado en Santa Cruz fue elaborada a partir de los datos obtenidos en las verificaciones defensoriales realizadas en el lugar de los hechos; los informes complementarios; los testimonios recabados, así como las declaraciones oficiales sobre lo acontecido.
Crisis terminal del sistema carcelario
Durante la presentación, Villena hizo una relación de la situación del sistema penitenciario en Bolivia afirmando que las personas privadas de libertad sufren vulneración a sus derechos por la retardación de justicia, las condiciones en que viven y la discriminación.
Recordó que Bolivia tiene la mayor cantidad de presos sin sentencia en toda Latinoamérica, con un 84%, seguido de Paraguay que tiene 71%; mientras que el caso menor lo registra Chile con el 16%. El país también presenta el mayor nivel de hacinamiento en sus cárceles después de El Salvador y Haití que presentan un 300% y un 218% de sobrepoblación respectivamente.
“Actualmente el sistema carcelario tiene una capacidad para albergar a 4.884 personas; la población penal recluida ascendía en diciembre de 2013 a más de 14.415; lo que muestra una tasa de hacinamiento cercana al 200%. En los centros penitenciarios de las ciudades, el nivel de hacinamiento alcanza ya el 300%”, dijo.
El crecimiento de la población carcelaria durante los últimos años, acotó, dificulta mantener el control dentro de las cárceles. “Las cárceles se han convertido en microespacios sociales donde el control de facto lo tienen grupos de privados de libertad que por un lado administran los sistemas de distribución de espacios, sanciones, alimentación, apoyo material y sicológico e incluso asesoramiento legal, pero por otro pueden convertirse en espacios de gestión de la violencia, la delincuencia y el abuso. Poco puede hacer la entidad policial para controlar y menos para promover los principios de reinserción que deben regir a la privación de libertad”, remarcó.
Para el Defensor, la sistemática violación de los derechos humanos y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas en el país son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social. “Es una contradicción hablar de rehabilitación cuando la gente en las cárceles es sometida a maltratos, incluso tratos crueles e inhumanos”, afirmó.
Al panorama descrito, Villena añadió el problema de la discriminación social que hace del privado de libertad e incluso de quien ya cumplió su pena, un sujeto desconfiable y lo condena a una vida de segregación que afecta su posibilidad para reinsertarse en la vida en comunidad.
