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| Foto: El Diario |
La Coalición contra la Tortura lamentó que hasta la fecha el Gobierno no haya conformado un Mecanismo Nacional de Prevención, independiente de las instancias gubernamentales, para combatir ese flagelo, luego de que el Ejecutivo se comprometiera ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a hacerlo en octubre de 2014.
“Hasta la fecha no se cumplió ese compromiso, siendo una necesidad imperiosa en nuestro país, toda vez que la tortura, los tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes siguen siendo una práctica cotidiana en el seno de la policía, la justicia y las Fuerzas Armadas”, se lee en el comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las NNUU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
La Coalición contra la Tortura está integrada por seis organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Comunidad de Derechos Humanos, el Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses.
La institución denuncia que la tortura y otros malos tratos “son utilizados con fines de investigación y confesión” a defecto de un sistema de investigación policial, judicial y forense competente, imparcial, con fondos, infraestructura e instrumentos de investigación adecuados.
Agrega que la tortura como método de castigo y amedrentamiento, también está vigente en la población urbana y rural, “que no es consciente de los daños psíquicos que puede causar en la víctima así como en el perpetrador de esta práctica”.
El 30 de diciembre de 2013, el Gobierno creó el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Justicia, como un mecanismo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, que sin embargo es cuestionado por su falta de independencia, y que hasta ahora, a más de dos años de creación, no entra en funcionamiento.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sugerido por la ONU, “tendría la amplia tarea de denunciar los casos de tortura, de velar porque se juzgue a los autores intelectuales y materiales, de trabajar con la Policía Boliviana, operadores/as de justicia y las Fuerzas Armadas para que se respete la Convención Contra la Tortura ratificada por nuestro país”.
Buscará también crear una “consciencia colectiva” sobre los efectos nefastos de todo tipo de violencia extrema en la sociedad y “crear una cultura de paz”.
Entre sus funciones “deberá estar presente con equipos pluridisciplinarios en los lugares particularmente expuestos a la tortura y otros malos tratos para poder intervenir de manera preventiva y eficaz en los centros de detención, en las cárceles, al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, así como en todo lugar donde se encuentren poblaciones vulnerables”.
Criminalización de la ayuda humanitaria
La Coalición contra la Tortura también expresa su preocupación por los acontecimientos represivos acaecidos en los últimos meses donde se vio no solamente la criminalización de la protesta social sino también la criminalización de la ayuda humanitaria, el recrudecimiento del empleo de gas toxico en las manifestaciones, de las amenazas, el amedrentamiento que son generalmente la antesala de la tortura tanto física como psicológica.
Como Coalición contra la tortura, agrega, “ratificamos nuestro compromiso de vigilancia y seguimiento de las situaciones de tortura en nuestro país, de trabajo sostenido hasta lograr un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que tenga como resultado el fortalecimiento de una democracia sin tortura”.
