El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia 2016 realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela, luego de una encuesta realizada en las ciudades del eje, que 6 de cada 10 personas no confía ni en la Policía ni en el Órgano Judicial.
Según el reporte, las dos instituciones emblemáticas llamadas a combatir la inseguridad ciudadana en los últimos años han tenido un “bajo nivel de aprobación y confianza” por parte de los ciudadanos.
Ambas instituciones han tenido una aprobación por debajo del promedio, es decir de 3,3 (Policía) y 3,4 (Sistema de Justicia) puntos sobre siete en 2014, señala el organismo internacional.
El PNUD recuerda que la Defensoría del Pueblo reportó un elevado grado de vulneración de los derechos humanos por parte de ambas instituciones. “De noviembre de 2012 a octubre de 2013 se denunciaron 912 casos por vulneración de derechos humanos que involucran a la Policía boliviana y 227 casos al Ministerio Público”.
En ese escenario, indica, “en las regiones metropolitanas, seis de cada 10 ciudadanos evalúa al trabajo de la Policía y de la justicia como nada confiable”.
En ambos casos, es en La Paz donde se encuentran los niveles más bajos de confianza en el trabajo de estas instituciones: La policía con 67% de reprobación y la justicia con 69%. En Cochabamba la reprobación a la Policía es de 59% mientras que a la justicia llega a 63%. Los datos de Santa Cruz muestran una desconfianza a la Policía de 52% mientras que al sistema judicial llega al 53%.
Entre los problemas asociados con la baja evaluación de la Policía está su mala actuación en el control del delito, la corrupción, la falta de educación, eficiencia y disciplina.
La baja evaluación de la justicia se la relaciona con su ineficiencia, la retardación de justicia, la corrupción en el Ministerio Público, la politización de la justicia, la falta de seguimiento a los casos y la manipulación, corrupción y extorsión en la que están involucrados los jueces.
Esta imagen, más allá de tener una influencia también en el incremento delictual y en el aumento del sentimiento de la inseguridad de las personas, “muestra que quienes son los principales encargados de resolver los problemas de inseguridad ciudadana muchas veces resultan ser parte del problema, hecho que significa un obstáculo para el mejoramiento de las condiciones de la seguridad en el país”, concluye el informe.
