 |
| Foto: Internet |
Actualmente, recluido en el penal de San Pedro de La Paz, padece de fuertes e intensos dolores de cabeza que no lo dejan dormir. Tiene tres costillas fracturadas en el lado derecho del cuerpo, que le impiden respirar con normalidad, y destrozados los nervios de las dos manos que lo incapacitan para realizar labores básicas.
Debajo de su camisa, aún se pueden apreciar las secuelas de la tortura. Lleva una faja de yute, que le confeccionó su madre, una mujer de pollera de avanzada edad, para que pueda respirar sin dificultad.
“Si sigo vivo es porque Dios me ha protegido, por algo será, por algo ha querido que no muera”, señala Juan, de 44 años de edad y oriundo del municipio de Apolo, en entrevista con ANF.
El caso se remonta al 17 de julio de 2014, cerca de las 06.30, cuando Juan Bascopé es detenido en su casa de la localidad de Mapiri, en los Yungas de La Paz. La fiscalía lo acusa de las muertes de tres efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y un médico en la comunidad de Miraflores en Apolo, ocurrido en la intervención policial-militar del 19 de octubre de 2013.
Recuerda que ese día llegó fuertemente custodiado a las oficinas del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), en Obrajes, a eso de las 10.30, pero en el transcurso desde El Alto, un coronel informaba por radio: “ya tenemos al asesino, espérennos en Obrajes”.
En el CEIP, apenas ingresó, unos 25 militares con ropa de camuflaje, comenzaron a golpearlo en la cabeza y en todo el cuerpo, recibía patadas y puñetes.
“Me golpeaban sin medir su fuerza, mi cara estaba bañada en sangre, pedía que no me golpearan, pero uno de ellos sostenía mi cabeza para seguir dándome puñetazos”, señala, mientras su madre le unta con mentisan en las sienes, para apaciguar el dolor de cabeza que viene aún más fuerte cuando hace esfuerzo al hablar y recordar.
La golpiza ocurrió frente al fiscal Luis Ferrufino y un viceministro del Ministerio de Gobierno de apellido Rojas, asegura Juan. “Ellos (Ferrufino y Rojas) todo han visto y no hicieron nada”, se queja.
Juan que entonces era vicepresidente de la Asociación de Apicultores de Apolo, señala que la mañana de la intervención en la comunidad de Miraflores, él estaba en la comunidad de Copacabana, a 15 kilómetros del lugar de los hechos. “De eso son testigos familiares y vecinos, cómo van a encarcelar a alguien que no estaba en el lugar”, cuestiona.
Pero el “vía crucis” de Juan apenas acababa de comenzar. Luego de cuatro horas de golpes –señala- fue llevado por personal policial, encargado de la investigación, a un ambiente superior, donde había un gimnasio.
“Me subieron tapando mi cara con mi gorra. Sangraba. Fue el capitán Andrés el que me puso al suelo. El subteniente Mauricio Rojas Rodríguez empezó a torturarme. Me pusieron una bolsa negra en la cabeza y enmanillaron mis manos hacia adelante, mis pies atados. Me gritaban: ‘¿Has matado? ¿Has matado?’ Ahí recibí puñetazos y patadas, me pisoteaban en el suelo. Con mis brazos trataba de protegerme mi cara. Traté de resistir con todas mis fuerzas, pero no pude”, refiere Juan, consternado.
Acusa al Fiscal y al Viceministro de dar la orden para que fuera torturado. “Dijeron claramente ‘¡Mátenle a ese perro! ¡Ese perro que muera!, gritaban’”, remarcó.
Cuando despertó –había perdido el conocimiento por más de una hora- “estaba todo ensangrentado, gritaba de dolor, con fracturas en el tabique, pómulo y costillas, tenía hematomas en todo el cuerpo”, narra, mientras sostiene la mirada hacia cualquier parte.
Cerca de las 23.00 llegaron los fiscales Gregorio Blanco y Luis Ferrufino, y el subteniente Mauricio Rojas, junto a otros cuatro funcionarios. “Di cómo has matado, confiesa, me decían, querían que me autoincrime, y volvían a golpearme”.
Finalmente un hombre de unos 60 años de nombre Armando, dijo: “Ya, firma carajo”. “Ya no quería que me sigan pegando. Mi ojo derecho estaba completamente tapado por los golpes. No podía ver. Firmé todo lo que querían, varios documentos, pero lo más terrible ocurrió cuando me dijeron: ‘Tu mujer y tus hijos están en Obrajes, los están violando’. Ahí fue cuando me derrumbé totalmente”, recuerda.
Pese a las regulaciones y prohibiciones normativas, la tortura sigue siendo el “método de investigación de la policía” y esta situación es “invisibilizada” por las autoridades”, sostiene el Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI). La Constitución Política del Estado prohíbe el uso de la tortura y la Convención contra la Tortura, de la cual Bolivia forma parte, señala de manera similar.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, experto en tema de derechos humanos, dijo en una anterior declaración que “en el país no hay tradición de tortura” y “no es un problema que aqueja a la sociedad”.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo alerta sobre el aumento de casos de vulneración al derecho a la integridad y tortura. Su informe de 2014 señala que los casos crecieron en más del 100% respecto a 2013.
El martirio de Juan Bascopé continuó hasta el 20 de julio. Cuando era llevado en helicóptero a Apolo, el 18 de julio, fue amenazado por el coronel Luis Arce Jiménez con ser lanzado al vacío sino revelaba “donde están la armas”.
Ya en Apolo, el 19 de julio, la policía lo volvió a torturar, con patadas, puñetes y culatazos, al no encontrar las armas que supuestamente escondía en Miraflores. Nuevamente fue testigo de todo el fiscal Luis Ferrufino, señala.
Al retornar de Apolo fue cuando “efectivos de los Diablos Rojos me dijeron que me tenían un regalito de parte del gobierno y que iba a morir. Me fracturaron tres costillas y me destrozaron las dos manos”.
“‘Masista de mierda, indio de mierda’, me gritaban (Juan fue cofundador del instrumento político en Yapacani en 1999), en eso uno de ellos sacó un fierro de la cabina y lo ponen entre mis dedos, el subteniente Mauricio Rojas es el que me aprieta los dedos y otro policía empieza a moler (a remover el fierro entre sus dedos), el dolor era insoportable, me golpeaban, me daban patadas, en eso siento un fuerte dolor en las costillas y ya no podía respirar, perdí por completo el conocimiento”.
Juan Bascopé fue depositado en celda de la FELCC de El Alto, no podía mantenerse de pie, orinaba sangre. No había comido ni probado agua desde el día de su detención. Ahí fue dejado hasta el domingo 20 de julio. Luego de una audiencia fue enviado preventivamente al penal de San Pedro.
La cadena de “invisibilización” de la tortura llegó hasta el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto de la juez Dina Larrea. En la audiencia, Juan denunció las torturas sufridas. Mostró su pecho con un inmenso hematoma de color negro, quería atención médica, pero Larrea no lo tomó en cuenta y le negó el derecho a la salud, señala.
La “invisibilización” siguió hasta el penal de San Pedro, donde el médico del recinto, Harold Reyes Álvarez, le negó la atención de salud pese a su reiterado pedido.
“Es testigo el delegado del penal, no me querían atender. En una de esas el doctor me dijo: Si te atiendo el juez me va a reñir, si insistes te voy a auscultar y decir que no tienes nada”.
El médico atendió a Bascopé solo ocho meses después, cuando interpuso una queja.
Las denuncias de Juan Bascopé son respaldadas por una valoración médica del ITEI y por los exámenes médicos a los que pudo acceder en el Hospital de Clínicas, luego de los meses señalados. Inició una demanda penal en contra de los funcionarios que lo torturaron y sus cómplices.
“MI salud me preocupa. Padezco de dolores de cabeza desde que fui golpeado (parte frontal, izquierda, nuca) así que no puedo dormir, tengo dolores en el pecho, insomnio frecuente, tengo dolor en el omoplato, en los dedos, el dolor de cabeza es constante”, manifiesta.
El investigador que lo torturó, Mauricio Rojas Rodríguez, rechazó el requerimiento de reconstrucción de los hechos en Apolo a comienzos de marzo y la Defensa Pública solo le dice que se someta aun juicio abreviado. “No lo voy a hacer porque soy inocente, yo no estuve en Miraflores cuando ocurrió el enfrentamiento, llegué al lugar cuando todo ya había pasado”, reitera.
Los de los 17 detenidos en el caso Apolo, Juan es el único que sigue en la cárcel. La fiscalía basa su acusación en las declaraciones de un grupo de cocaleros que lo sindicaron como el autor de las muertes. Quienes posteriormente, sin embargo, en una audiencia posterior se retractaron y retiraron las acusaciones, pero Juan continúa preso como el único culpable del caso.
Todo el tiempo en que Juan estuvo en manos de la policía lo mantuvieron incomunicado, no pudo hablar con sus familiares ni tuvo un abogado de su confianza. “Estuve como secuestrado”, señala.
Hoy, con el físico disminuido por las torturas y el rigor de la cárcel, pide justicia y sanción para sus verdugos, y atención médica oportuna, porque la que le brindan es lenta y no es suficiente para calmar sus dolencias.
